martes, 13 de agosto de 2024

Análisis de la jornada de “movilización” del Colegio de Profesores, del 7 de Agosto de 2024.

Objetivo del paro y la marcha del 7 de agosto convocada por el Colegio de Profesores: Darle carácter de urgente al proyecto de ley sobre Convivencia escolar, el cuál según ellos terminaría con los casos de agresiones y acoso laboral contra docentes. En otras palabras, lo que estaría buscando el colegio de profesores es acelerar el trámite legislativo y reducir los plazos para la implementación de la nueva Ley de Convivencia Escolar.

Supuestamente con el proyecto de Ley sobre “Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas” que fue presentado el 5 de junio de 2024, se busca prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia, acoso o discriminación al interior de los establecimientos educacionales ¿Cómo? Fortaleciendo la gestión y las estrategias interinstitucionales ¿Qué significa? Que van a rediseñar los procedimientos bajo el mismo marco legal ¿Cuál es? Ley general de Educación (Ley n°20.370), Ley de inclusión escolar (Ley n°20.845), Ley sobre violencia escolar (n°20. 536). ¿Por qué? Porque según el proyecto de Ley (presentado por el gobierno anterior), “desde el retorno a la presencialidad hay una falta de claridad y de herramientas para reconocer conflictos y abordarlos” por lo tanto hay que “prevenir y gestionar de manera más eficaz”. Todo para “educar ciudadanos con mejores y más capacidades para participar en sociedad de forma pacífica.” (según el mismo proyecto) ¿Qué quiere decir esto? Resguardar el orden social reaccionario que oprime a la mayoría de la población del país, sirviendo a los intereses de los dueños de los medios de producción.

Según Mario Aguilar (presidente del comunal metropolitano del Colegio de Profesores), la movilización convocada por el directorio nacional del colegio de profesores fue “absolutamente potente, contundente demostración de fuerza.” Es necesaria porque “tiene que aprobarse una legislación que de las herramientas para enfrentar el agobio y el maltrato. Va a seguir una fuerte presión y una exigencia al parlamento, a los sectores políticos que votaron en contra la idea de legislar.” “La demostración de fuerza y de unión del 7 de agosto es clave” “Nuestra fuerza está en la unión”

Próxima reunión nacional del Colegio de Profesores: 17 de Agosto. Tema a tratar: Respuesta del MINEDUC al Petitorio del Colegio de Profesores de Chile A.G.


El proyecto de Ley en sí modifica la L.G.E. de la siguiente manera

Objetivos explícitos del proyecto:

1.- Establecer y precisar el deber y rol del Estado en la materia.

2.- Fortalecer y mejorar la perspectiva interinstitucional.

3.- Integrar los instrumentos de gestión.

4.- Establecer un nuevo estándar para la gestión de la convivencia educativa.

5.- Determinar la responsabilidad de los sostenedores y establecimientos educacionales en la prevención y actuación.

6.- Reforzar y mejorar el deber de prevención y protección del sostenedor sobre los equipos educativos.

Los métodos para realizarlo:

1.- Mejoras y ajustes a la gobernanza del sistema educativo.

2.- Modificaciones para consolidar e integrar la Política Nacional de Convivencia Educativa con los instrumentos de gestión interna de los establecimientos educacionales (Proyecto Educativo Institucional, reglamentos y protocolos).

3.- Modificaciones sobre los requisitos del personal e instancias a cargo de la convivencia educativa.

4.- Modificaciones sobre el rol de los sostenedores y los establecimientos sobre la convivencia educativa.

5.- Modificaciones al Estatuto de los profesionales de la educación y al Estatuto de los asistentes de la educación.

 

Como se ve, nada dice el referido proyecto acerca de la raíz u origen de esa “violencia” que aparece en las comunidades escolares, porque los dirigentes oportunistas jamás van a admitir que el sistema de enseñanza es parte de la opresión y dictadura que ejerce este Estado contra la mayoría de la población, jamás admitirán que este Estado fue creado a la medida de los terratenientes, modernizado por los señores burgueses colonialistas y cada vez más ajustado a los actuales intereses de las potencias imperialistas.

Para el colegio de profesores el problema del “agobio” se reduce al sistema de evaluaciones docentes (clase grabada y portafolio), y vergonzantemente mencionan en sus discursos que parte de ese agobio es la cantidad de trabajo que se llevan los profesores para sus casas, pero no cuestionan nada la ley general de educación ni el estatuto docente, que son las que definen el trabajo que deben realizar los profesores, y la distribución de la jornada.

Y por más radicales que suenen sus discursos, cuando se presentan los problemas les tiembla la mano de enfrentarse a las autoridades. El caso por ejemplo que ocurrió en Temuco, donde una concejal que visitó una escuela municipal agredió verbalmente a un profesor y unos alumnos de zona rural que estudian provisoriamente en dicho establecimiento debido a que su escuela se encuentra en mantención debido al temporal. Ante esto, los representantes comunales del colegio de profesores dijeron que a pesar de la denuncia del docente, ellos van a evaluar si realizan alguna acción legal una vez consulten con la dirección jurídica nacional del mismo órgano “representativo”.

Todos estos antecedentes demuestran una vez más, que dicho colegio no representa los intereses reales de los trabajadores de la educación, porque todo se resume en mesas de trabajo, discursos vacíos, reuniones, burocracia, todo en función de evadir una defensa y extender los tiempos para que los gobiernos de turno continúen con los planes reaccionarios de las clases explotadoras.

Así difundieron su situación en Santiago:


Y así en La Araucanía:

viernes, 26 de julio de 2024

Notas sobre el presupuesto educacional para la comuna

Total de Establecimientos municipales: 42.

Establecimientos municipales de enseñanza media: 6 (Liceo Bicentenario de Temuco, Liceo Bicentenario Tecnológico de Temuco (ex Pedro Aguirre Cerda), Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco (ISETT) ex Técnico femenino, Liceo Superior de Comercio Tiburcio Saavedra (INSUCO) ex Comercial municipal. Liceo Gabriela Mistral, Liceo Polivalente Selva Saavedra (CEIA)

Cada año el Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) debe presentar anualmente un Plan anual de desarrollo educativo municipal (PADEM ). En él se deben establecer objetivos, metas y presupuestos. Sin embargo, ni para el 2023 ni para el 2024 aparecen publicados dichos documentos en la página web del DAEM. Existe un documento público solo hasta el 2022. En lo que refiere a presupuesto (o gestión de finanzas) es Unidad de Administración y Finanzas del DAEM (página 186 del PADEM 2022).

Además de dicho documento o instrumento, en abril de cada año, el alcalde tiene que rendir cuentas de su gestión (cuenta pública). En el año 2021 declaró que el presupuesto de gasto efectivo presentó una ejecución de$134.339.232.635, correspondiente a las áreas del presupuesto municipal, educación, salud y cementerio. De ese total, en cuanto a ingresos para educación municipal fueron 54.000 millones, es decir poco más de un tercio queda en manos del DAEM.

Los ingresos recibidos el año 2021, se calcularon en base a una matricula de 11.716 estudiantes. La subvención general se calcula en base a la matrícula y asistencia media del año anterior, más un reajuste de un 2,7%. En base a eso, para el año 2022 se presupuestó un total de $42.000 millones. por lo tanto, si se divide la subvención general para los estudiantes matriculados, saldría $2.770.000 anuales por estudiante. Sin embargo, los dineros para remuneraciones tanto de profesores como de asistentes de la educación, o los gastos de mantención de infraestructura de los establecimientos son recibidos a través de otras subvenciones, por lo tanto, podríamos decir que ese dinero por subvención general es parte de la "ganancia por estudiante".


Parte de la burocracia

 





sábado, 20 de julio de 2024

sábado, 13 de julio de 2024

¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA!

PARA EL GOBIERNO PROIMPERIALISTA SON DELITOS:
TRABAJAR (AMBULANTES), TENER DONDE VIVIR (CAMPAMENTOS), NEGARNOS A PAGAR UNA DEUDA QUE NO ES NUESTRA (INTERESES DE TARIFA ELECTRICA).

En lo que va del año cerca de 500 familias desalojadas (cerca de 200 el pasado 16 de mayo en Cerro Navia, 100 personas desalojadas en el campamento Juan Riquelme de la comuna de Concepción, 15 familias del campamento “Las Mulatas”, de Valdivia). A eso se suman 700 familias que están a horas de ser desalojadas del campamento Dignidad en La Florida, cerca de 6.000 familias del campamento en el cerro La Virgen de San Antonio que están a un par de meses del desalojo. Tampoco se puede despreciar los incendios en las tomas, como el ocurrido en el campamento "Manuel Bustos" de Viña del Mar, donde unas 600 casas resultaron quemadas, y el campamento “Mujeres Unidas” de Antofagasta, donde 20 familias quedaron sin hogar producto de otro incendio.

Frente a esto el MINVU, el SERVIU y las autoridades locales hacen vista gorda, esperando que se cumplan los plazos de las 50 órdenes de desalojo pendientes en diferentes campamentos del país (según reportaje de CIPER Chile, del 4 de junio de 2024). ¿Quiénes ganan con esto? Las grandes empresas inmobiliarias que lucran con la vivienda básica, los corredores de propiedades, los dueños de terrenos (bienes nacionales y terratenientes) y los bancos con sus créditos hipotecarios. ¡No se pueden seguir permitiendo desalojos, menos aún, cuando los precios de los alquileres de casas y departamentos se han ido a las nubes, y con un Estado que esconde el negociado de la construcción de viviendas básicas bajo el rótulo de “soluciones habitacionales”!

¡La situación empeora y el salario no alcanza! Desde el 1 de septiembre de 2023 el salario mínimo llegó a $460.000 y el 1 de julio de 2024 a $500.000, es decir, aumentó un 8,7%, siendo que el costo de vida solo en los alimentos aumentó un 100%. Fideos de 400gr que el 2023 costaban $500 ahora cuestan $1.000, un kilo de arroz que costaba $1.000 ahora cuesta $2.000, el kilo de harina se triplicó, el kilo de pan en algunas partes alcanza los $3.000. Y así, la vida en general cuesta más del doble para la mayoría de la población: las masas populares.

Sin embargo, al pueblo lo acusan de "alimentarse mal, de estar sobrepeso", pero lo condicionan a comer las sobras de los ricos. Los peores granos de trigo para el consumo de los sectores populares y los mejores productos para los dueños del país, sus seguidores y lacayos. Los alimentos que no califican para exportación se venden en ferias y calles del país para abastecer a las familias pobres, mientras que las mejores verduras y abarrotes se venden desde el JUMBO y TOTTUS para arriba. Las viejas pulperías ahora son una parte de los “modernos supermercados”, aquellos que se ubican en zonas populosas ¡La misma figura de hace 100 años! Los antiguos dueños de las mineras, industriales, banqueros, grandes comerciantes y los terratenientes locales, dueños y productores de alimentos y cadenas de supermercados, nos venden lo que producimos los millones de obreros y campesinos del país.

¡El comercio ambulante no es delito! Al comerciante ambulante lo acusan de evadir impuestos, pero al comprar sus mercancías (en el comercio establecido) indirectamente ellos si están pagando impuestos (los que incluye el precio de compra), y además, sus ganancias son destinadas a comprar sus medios de subsistencia, y ahí de nuevo pagan IVA. Entonces, los precios bajos de los productos que el ambulante vende, no es precisamente por “evasión tributaria”, sino porque no están pagando el alquiler de un espacio que cuente con servicios básicos ni infraestructura, quedando expuestos al frio, las lluvias, olas de calor o cualquier otra inclemencia.

Las autoridades acusan al comercio ambulante de “infringir normas sanitarias”, pero nada dicen de la precariedad del sistema de salud pública y de los altos costos de la salud privada ¿Eso no es delito? Matar pacientes en largas listas de espera, la escasez y alto costo de medicamentos, y no tener médicos para la salud pública en zonas rurales ¿No es delito? Mas encima, más enferma queda una persona yendo a un consultorio que consumiendo alimentos en los carros de comida que constantemente incautan en los mega operativos que cada tanto realiza este Estado (principalmente en la región metropolitana), demostrando que sirve más para defender los intereses de la Cámara Nacional de Comercio y sus grandes tiendas, que “el trabajo” (como discursean sus autoridades parasitarias).

Ya no les bastó con sus inspectores municipales, ahora legalizaron e implementaron más policía municipal, equipándola tal cuál la policía regular ¡Los nuevos matones del municipio! aumentando indirectamente el presupuesto a carabineros (mediante estas “empresas de terceros").

Y ahora se viene una nueva alza de las tarifas eléctricas, de combustibles, de transporte, de alimentos. y esa crisis al final la terminamos pagando las familias más pobres del país con trabajo explotado, con impuestos y con cotizaciones obligatorias. Frente a todos estos abusos, frente a toda esa opresión no puede postergarse más la forja de organizaciones clasistas en todos los sectores, en campamentos, poblaciones, trabajos, zonas rurales, escuelas, liceos y universidades.

¡Ni las tomas de terreno, ni el comercio ambulante son delitos mientras exista cesantía, déficit habitacional y carestía!

¡Este podrido Estado no es del pueblo!

¡Defendámonos de las arremetidas del gobierno lacayo de los grandes empresarios forjando organizaciones clasistas en todos los sectores!

¿Qué tenemos? ¡Nada! ¿Qué queremos? ¡TODO!

¡A forjar Comités Clasistas de Pobladores, Trabajadores y Campesinos!


Julio, 2024

martes, 30 de abril de 2024

 






lunes, 22 de abril de 2024

Boletín: Por un movimiento clasista de pobladores

¡Abajo el negociado de la vivienda básica! 
¡Abajo la burocracia del Ministerio de Desarrollo social y del SERVIU!
¡A organizar Comités clasistas de pobladores para conquistar la vivienda propia!

¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de las viviendas sociales?


Instituciones de la burocracia estatal encargadas de manejar el presupuesto para las inversiones inmobiliarias:
*Se considera vivienda social aquella que su costo no supera las $400 UF ($14.800.000.-) y de $520 UF en caso de ser en condominio. $19.240.000 y solo pueden postular a ella quienes estén dentro del 40% más pobre, no poseer otra vivienda, no ser beneficiario de otro subsidio habitacional, y tener un ahorro de al menos $10 UF. Fuente: Decreto Ley nº2.552 de 1979.

*Para la clase media el subsidio para la primera vivienda o vivienda básica va desde un 10 a un 30% del valor de la vivienda. La diferencia se paga a través de un crédito hipotecario.

Según el CENSO 2017, en el país existen 6.500.000 de hogares. Según un informe anual de la Cámara chilena de la construcción existe un déficit habitacional de 1.000.000 de viviendas. Desglosados de la siguiente forma: a) Allegados 64%, b) Viviendas irreparables 36%. A esto hay que agregar la cantidad de personas que se encuentran actualmente arrendando, los que son parte de ese déficit.

El actual gobierno reaccionario Boric, prometió que en su mandato esperan construir 240.000 viviendas, de las cuales hasta la fecha apenas llevan 60.000 según sus cifras entregadas en la cuenta pública del año pasado, lo cual no cubre ni el 6% del déficit del país. Si ahora le sumamos las crecientes cifras producto de los incendios forestales ocurridos el verano, veremos que a pesar de que es uno de los grandes negociados del país, su política es despreciable en cuanto al rendimiento que significa para la demanda real de los sectores populares.



sábado, 6 de abril de 2024

¡DEFENDER LAS TOMAS DE TERRENOS Y LOS CAMPAMENTOS!

¡ABAJO LA BUROCRACIA DEL SERVIU Y LA MANIPULADA ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL!

¡LA VIVIENDA NO ES UN PRIVILEGIO NI UNA LIMOSNA!

¡LAS TOMAS Y CAMPAMENTOS SON UNA RESPUESTA AL MONOPOLIO DE LA VIVIENDA QUE GENERA EL ESTADO TERRATENIENTE-BURGUÉS JUNTO CON LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS INMOBILIARIAS!

Hoy en día para postular a una vivienda básica se exige como requisitos tener una cuenta de ahorro para la vivienda, tener un monto mínimo ahorrado según sea el tipo de subsidio y proyecto habitacional (y antigüedad de ahorro), partiendo de un mínimo de $500.000 (unos $530 USD), tener al día su ficha social (registro de hogares), estar dentro del 60% más “vulnerable”, pertenecer a un comité para la vivienda (personalidad jurídica), que el comité sea viable para algún proyecto inmobiliario (volumen), que la directiva del comité tenga simpatía con las autoridades de turno, que el comité sea apadrinado por una EP (entidad patrocinante, las que hacen de mediadoras entre los comités y el SERVIU) que por lo demás también depende de sus "contactos en el SERVIU". De ese modo el Ministerio de la Vivienda hace su catastro e inventario del mercado habitacional, luego les entrega esa información a las grandes empresas de la construcción y luego negocian con las autoridades de turno para ver donde es más rentable desarrollar la inversión y dónde existe menor regulación o fiscalización.

Pero, ¿Quiénes son actualmente los “más vulnerables” en Chile?  El salario mínimo es de $460.000 (USD $468), una persona soltera o independiente, mayor de 18 años que recibe ese salario califica según los deciles del RSH en el octavo decil, lo que sería el 80% ($412.913 a $555.965.-), por lo tanto, está lejos del 60% más vulnerable, lejísimo de la “Línea de la pobreza” ($230.000.-) y, por lo tanto, lejos de las “ayudas sociales” como el postular a una “vivienda básica”, Pues para ello hay que tener un ingreso menor a los $324.984 mensuales (tramo 6) ¡UN ABSURDO! Tan absurdo como creer que una persona se alimenta con $69.000.- mensuales (CBA – Canasta Básica de Alimentos), es decir con $2.300 diarios ¡Si solo el kilo de pan cuesta más de $2.500! Y es inviable vivir con esa miseria, pues solo en alquiler y servicios básicos se va todo ese dinero, pues hoy los arriendos no bajan de los $200.000 mensuales, más los gastos básicos de luz, agua, gas, telefonía y transporte. 

Ese costo de la vivienda, de los arriendos, de los servicios básicos (luz, agua y gas), de los alimentos, del vestuario, es lo que empujan a miles de familias a vivir en tomas y campamentos (asentamientos irregulares o precarios, como dicen los informes de los empresarios de la pobreza). Hoy en día, según el registro de la Fundación Techo para Chile (TECHO) existen en el país más de 113.887 familias viviendo en esa situación (ver tabla), pero para ciertas empresas y ciertas autoridades (alcaldes, gobernadores regionales, diputados, senadores e incluso el presidente) es un problema que hay que erradicar con la excusa de que son focos de delincuencia, cuna del narcotráfico, base del comercio informal, etc. 

Ahí tenemos a la alcaldesa de Cerrillos (región metropolitana), Lorena Facuse quien con la excusa de algunos delitos en los alrededores del campamento Nuevo Amanecer quiere justificar su total erradicación, siendo que nunca han erradicado vecinos de ninguna población porque haya habido un delito o crimen. en el sector. Cuántos homicidios diarios ocurren en el país y no por eso están constantemente vaciando poblaciones o demoliendo casas. 

No se puede negar que existen problemas al interior de las tomas, pero no por una minoría desclasada y parasitaria se van a desalojar a cientos de familias trabajadoras, como hoy en día está ocurriendo en varias regiones del país. No por unos cuantos inescrupulosos que trafican terrenos se va a prohibir la solución que ejerce el pueblo para enfrentar la carestía y resolver el problema de la vivienda. Las tomas y campamentos no han sido creados por el narcotráfico ni el crimen organizado como dicen algunas autoridades. Esas mafias se están aprovechando de las tomas para ocultarse y hacer sus negociados, pero no por ellos se va a botar a cientos de familias ¡Eso es generar más pobreza, más hambre y más miseria para el pueblo! 

 ¡ABAJO LA MAL LLAMADA LEY DE USURPACIONES!

¡REPUDIAR A LAS AUTORIDADES HAMBREADORAS QUE GENERAN MAYOR POBREZA DEJANDO EN LA CALLE A MILES DE FAMILIAS TRABAJADORAS!

¡ABAJO EL NEGOCIADO INMOBILIARIO!

¡DESARROLLAR MAS TOMAS Y CAMPAMENTOS!


Situación de los campamentos según el catastro realizado por TECHO (2022-2023):


Casos críticos:

Campamento Manuel Bustos, de la comuna de Viña del Mar. El año 2021 ya eran poco más de 1.600 familias. De las cuales 600 casas fueron quemadas por el incendio de este verano.

Viernes 22 de marzo de 2024. Corte suprema ratificó desalojo de campamento en cerro La Virgen, de San Antonio. Población aprox.: 1.800 familias. Superficie 260 hectáreas, propiedad de una empresa constructora.

Campamento dignidad de la comuna de La Florida, con cerca de 750 familias. Hoy se encontrará en desalojo inminente, ya que el alcalde Rodolfo Carter decretó su desalojo el 14 de marzo de este año.

Campamento Nuevo Amanecer de la comuna de Cerrillos (alcaldesa Lorena Facuse), con cerca de 14.000 habitantes, hoy en la mira de autoridades y medios de comunicación.

21 de febrero de 2024, desalojo de Campamento Renacer, de la comuna de Concepción. 31 viviendas desarmadas, 100 personas desalojadas, 21 detenidos. Resultó siendo desalojado por las constantes denuncias de los vecinos hacia las familias de la toma.

Campamento 21 de Mayo, comuna de Colina (Región Metropolitana). Con alrededor de 2.200 familias, de las cuales ya fueron desalojadas 122 el 9 de enero del 2024 y pretenden continuar desalojándolo mediante denuncias de los vecinos de los condominios colindantes quienes acusan un supuesto peligro.

5 de abril de 2023, desalojo del campamento ubicado en sector Alto Costa Laguna, Antofagasta. Terreno es propiedad de Bienes Nacionales y fueron recuperados 7.199 metros cuadrados de toma.

*Desde marzo de 2022 hasta el 7 de septiembre de 2023 fueron 65 tomas desalojadas a nivel nacional, con un total de 436,7 hectáreas de terrenos fiscales recuperados.
**El incendio de Viña del Mar destruyó poco más de 8.000 viviendas. Se catastraron 135 personas fallecidas.
***Una de las fundaciones que desde el terremoto del 2010 se ha encargado de mediar en la entrega de mediaguas (viviendas prefabricadas de material ligero), es "Desafío Levantemos Chile", cuyos patrocinantes son CMPC (de la familia Matte) y Banco de Chile (de la familia Luksic).

martes, 27 de febrero de 2024

¡ENFRENTAR LOS DESALOJOS DE TOMAS Y CAMPAMENTOS! ¡ABAJO LA LEY DE USURPACIONES!

¡Las tomas de terreno son legítimas ante un Estado que no resuelve el problema de la vivienda ni el problema de la tierra!

Cada año aumenta el costo de vida, de los arriendos de viviendas y de los materiales de construcción, pierde valor la moneda nacional (inflación de precios), el déficit habitacional aumenta y con ello el hacinamiento en los hogares, sobre todo en los mas pobres. Sin embargo, el gobierno de turno, tal como todos los anteriores, como buenos títeres de las clases explotadoras, prefieren utilizar la política del garrote a la vieja usanza y van desalojando tomas con sus policías estatales y municipales. Solo cuando les conviene utilizan su fachada de “caridad y empatía con los pobres”, como hacen con la fundación TECHO (de la iglesia católica) o la fundación “Levantemos Chile” (de la CMPC-Banco de Chile).

El desalojo de la toma Renacer el pasado 21 de Febrero (Población Juan Riquelme, en Concepción) a través de la nueva “Ley de Usurpaciones” (ley 21.633, que modifica el Código Penal en cuanto a las penas para las tomas de tierras) muestra una vez más que este Estado no garantiza ni resuelve el problema de la vivienda, sino que empeora las condiciones de vida para las familias de una toma, pues si bien el terreno pertenece al Ministerio de Obras Públicas (propiedad estatal o fiscal), aun así, las autoridades no permitieron que las familias se quedaran en el lugar, ni les dieron una solución habitacional antes de desalojarlos ¡Eso es tirar gente a la calle!

Como lo anunciaba la ley, esta vez si habrían detenidos en los desalojos, formalizados veintiún detenidos por el “delito de usurpación”, cosa que antes ocurría pero informalmente (pasando a detención pero por maltrato de obra a algún funcionario público, ya sea municipal o policial).

El uso habitacional de las tierras fiscales es un derecho que se supone debería tener todo ciudadano de un Estado “moderno” o “demoliberal” (democracia burguesa) para resolver el problema de la vivienda ante un Estado que no responde a la demanda real de esa necesidad (principalmente para el proletariado y el campesinado pobre del país). Pero como todo Estado es instrumento de dictadura, en este caso el Estado reaccionario de las clases explotadoras (gran burguesía y terratenientes comandados por el imperialismo principalmente norteamericano) resguarda los intereses de las clases que lo componen, pues estas clases son las propietarias de los medios de producción del país: de la gran propiedad de tierras “públicas” y privadas (bienes nacionales para el caso de las tierras fiscales y por otro lado los dueños particulares), de la mano de obra o fuerza de trabajo (trabajadores dependientes regidos por el código del trabajo y el salario mínimo), de los recursos naturales (minerales, derechos extractivos de pesca y de uso de aguas), de las grandes constructoras e inmobiliarias, de las forestales, entre otros.

Como se ve, todos los problemas que afectan a la mayoría de la población del país, a la masa empobrecida por los intereses de una minoría monopolista, tienen la misma raíz, las clases que las oprimen y explotan con su Estado terrateniente-burgués y las leyes que rigen las relaciones productivas (o laborales). Por lo tanto, lo que corresponde hacer frente a la reajustada ley de propiedad de la tierra (“ley de usurpaciones”) es oponerle mas tomas de tierras para el campesinado principalmente pobre y tomas de terrenos para los trabajadores más empobrecidos de la ciudad. Para ello se requiere organización clasista y dirigentes honestos y consecuentes con los intereses del Pueblo, capaces de distinguir entre los intereses de uno y otro frente, ponerse de parte del frente democrático del pueblo, y oponerse al del frente reaccionario de los explotadores, para ejercer y concretar el verdadero derecho a la vivienda.

Esbozo del panorama actual en Chile.

Según un levantamiento de información hecho entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la fundación “TECHO para Chile” y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 2023 catastraron 1.290 campamentos, los cuales están habitados por 113.887 familias a lo largo de Chile.

Uno de los mas grandes del país es el campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar, formado en 1995, donde hoy viven alrededor de 1.600 familias repartidas en unos 23 comités de vivienda. En aquel asentamiento llevan poco mas de 26 años habitando el lugar, y hasta la fecha han avanzado en algunos sectores de la toma en la regularización de espacios (como mejoramiento de algunas “calles” y algunas “plazas”) y de servicios básicos como luz y agua.

 

Primer esbozo del Panorama actual en Temuco.

Actualmente en Temuco existen más de cuarenta campamentos distribuidos en diferentes sectores de la ciudad: Campamentos sector Costanera - Los Pinos (Santa Rosa), campamentos sector Vega de Chivilcan, Campamentos sector Pedro de Valdivia, Campamentos sector Fundo El Carmen (calle Braulio Arenas), Campamento sector Pichi-Cautín, Campamento sector Amanecer, Campamentos sector Pueblo Nuevo (Las Malteras).

El problema es que la “nueva” ley de usurpaciones amenaza con sacar a tres de estos que están ubicados en terrenos que son de particulares, ya que en ella se permite permanecer de manera “transitoria” a quienes se encuentren en dicho tipo de propiedad.

Problema actual.

Pero como las “mentadas” autoridades que tenemos ni siquiera respetan su palabra ya hay desalojo inminente en el campamento Centenario que está en la región de Valparaíso, específicamente en el Cerro La virgen, donde serán desalojadas alrededor de 5.000 familias de las 15.000 que viven en el lugar por encontrarse en un terreno de privados.