Cada año aumenta el costo de vida, de los arriendos de viviendas y de los materiales de construcción, pierde valor la moneda nacional (inflación de precios), el déficit habitacional aumenta y con ello el hacinamiento en los hogares, sobre todo en los mas pobres. Sin embargo, el gobierno de turno, tal como todos los anteriores, como buenos títeres de las clases explotadoras, prefieren utilizar la política del garrote a la vieja usanza y van desalojando tomas con sus policías estatales y municipales. Solo cuando les conviene utilizan su fachada de “caridad y empatía con los pobres”, como hacen con la fundación TECHO (de la iglesia católica) o la fundación “Levantemos Chile” (de la CMPC-Banco de Chile).
El desalojo de la toma Renacer el pasado 21 de Febrero (Población Juan Riquelme, en Concepción) a través de la nueva “Ley de Usurpaciones” (ley 21.633, que modifica el Código Penal en cuanto a las penas para las tomas de tierras) muestra una vez más que este Estado no garantiza ni resuelve el problema de la vivienda, sino que empeora las condiciones de vida para las familias de una toma, pues si bien el terreno pertenece al Ministerio de Obras Públicas (propiedad estatal o fiscal), aun así, las autoridades no permitieron que las familias se quedaran en el lugar, ni les dieron una solución habitacional antes de desalojarlos ¡Eso es tirar gente a la calle!
Como lo anunciaba la ley, esta vez si habrían detenidos en los desalojos, formalizados veintiún detenidos por el “delito de usurpación”, cosa que antes ocurría pero informalmente (pasando a detención pero por maltrato de obra a algún funcionario público, ya sea municipal o policial).
El uso habitacional de las tierras fiscales es un derecho que se supone debería tener todo ciudadano de un Estado “moderno” o “demoliberal” (democracia burguesa) para resolver el problema de la vivienda ante un Estado que no responde a la demanda real de esa necesidad (principalmente para el proletariado y el campesinado pobre del país). Pero como todo Estado es instrumento de dictadura, en este caso el Estado reaccionario de las clases explotadoras (gran burguesía y terratenientes comandados por el imperialismo principalmente norteamericano) resguarda los intereses de las clases que lo componen, pues estas clases son las propietarias de los medios de producción del país: de la gran propiedad de tierras “públicas” y privadas (bienes nacionales para el caso de las tierras fiscales y por otro lado los dueños particulares), de la mano de obra o fuerza de trabajo (trabajadores dependientes regidos por el código del trabajo y el salario mínimo), de los recursos naturales (minerales, derechos extractivos de pesca y de uso de aguas), de las grandes constructoras e inmobiliarias, de las forestales, entre otros.
Como se ve, todos los problemas que afectan a
la mayoría de la población del país, a la masa empobrecida por los intereses de
una minoría monopolista, tienen la misma raíz, las clases que las oprimen y
explotan con su Estado terrateniente-burgués y las leyes que rigen las
relaciones productivas (o laborales). Por lo tanto, lo que corresponde hacer
frente a la reajustada ley de propiedad de la tierra (“ley de usurpaciones”) es
oponerle mas tomas de tierras para el campesinado principalmente pobre y tomas
de terrenos para los trabajadores más empobrecidos de la ciudad. Para ello se
requiere organización clasista y dirigentes honestos y consecuentes con los intereses
del Pueblo, capaces de distinguir entre los intereses de uno y otro frente, ponerse de parte del frente democrático del pueblo, y oponerse al del frente reaccionario de los explotadores, para ejercer y
concretar el verdadero derecho a la vivienda.
Esbozo del panorama actual en Chile.
Según un levantamiento de información hecho
entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la fundación “TECHO para Chile” y
el Banco Interamericano de Desarrollo, el 2023 catastraron 1.290 campamentos,
los cuales están habitados por 113.887 familias a lo largo de Chile.
Uno de los mas grandes del país es el
campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar, formado en 1995, donde hoy viven
alrededor de 1.600 familias repartidas en unos 23 comités de vivienda. En aquel
asentamiento llevan poco mas de 26 años habitando el lugar, y hasta la fecha
han avanzado en algunos sectores de la toma en la regularización de espacios
(como mejoramiento de algunas “calles” y algunas “plazas”) y de servicios
básicos como luz y agua.
Primer esbozo del Panorama actual en Temuco.
Actualmente en Temuco existen más de cuarenta
campamentos distribuidos en diferentes sectores de la ciudad: Campamentos
sector Costanera - Los Pinos (Santa Rosa), campamentos sector Vega de
Chivilcan, Campamentos sector Pedro de Valdivia, Campamentos sector Fundo El
Carmen (calle Braulio Arenas), Campamento sector Pichi-Cautín, Campamento
sector Amanecer, Campamentos sector Pueblo Nuevo (Las Malteras).
El problema es que la “nueva” ley de
usurpaciones amenaza con sacar a tres de estos que están ubicados en terrenos
que son de particulares, ya que en ella se permite permanecer de manera
“transitoria” a quienes se encuentren en dicho tipo de propiedad.
Problema actual.
Pero como las “mentadas” autoridades que
tenemos ni siquiera respetan su palabra ya hay desalojo inminente en el
campamento Centenario que está en la región de Valparaíso, específicamente en
el Cerro La virgen, donde serán desalojadas alrededor de 5.000 familias de las
15.000 que viven en el lugar por encontrarse en un terreno de privados.
