no al pago del alza de la luz

 

¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA!

PARA EL GOBIERNO PROIMPERIALISTA SON DELITOS:

TRABAJAR (AMBULANTES), TENER DONDE VIVIR (CAMPAMENTOS), NEGARNOS A PAGAR UNA DEUDA QUE NO ES NUESTRA (INTERESES DE TARIFA ELECTRICA).

En lo que va del año cerca de 500 familias desalojadas (cerca de 200 el pasado 16 de mayo en Cerro Navia, 100 personas desalojadas en el campamento Juan Riquelme de la comuna de Concepción, 15 familias del campamento “Las Mulatas”, de Valdivia). A eso se suman 700 familias que están a horas de ser desalojadas del campamento Dignidad en La Florida, cerca de 6.000 familias del campamento en el cerro La Virgen de San Antonio que están a un par de meses del desalojo. Tampoco se puede despreciar los incendios en las tomas, como el ocurrido en el campamento "Manuel Bustos" de Viña del Mar, donde unas 600 casas resultaron quemadas, y el campamento “Mujeres Unidas” de Antofagasta, donde 20 familias quedaron sin hogar producto de otro incendio.

Frente a esto el MINVU, el SERVIU y las autoridades locales hacen vista gorda, esperando que se cumplan los plazos de las 50 órdenes de desalojo pendientes en diferentes campamentos del país (según reportaje de CIPER Chile, del 4 de junio de 2024). ¿Quiénes ganan con esto? Las grandes empresas inmobiliarias que lucran con la vivienda básica, los corredores de propiedades, los dueños de terrenos (bienes nacionales y terratenientes) y los bancos con sus créditos hipotecarios. ¡No se pueden seguir permitiendo desalojos, menos aún, cuando los precios de los alquileres de casas y departamentos se han ido a las nubes, y con un Estado que esconde el negociado de la construcción de viviendas básicas bajo el rótulo de “soluciones habitacionales”!

¡La situación empeora y el salario no alcanza! Desde el 1 de septiembre de 2023 el salario mínimo llegó a $460.000 y el 1 de julio de 2024 a $500.000, es decir, aumentó un 8,7%, siendo que el costo de vida solo en los alimentos aumentó un 100%. Fideos de 400gr que el 2023 costaban $500 ahora cuestan $1.000, un kilo de arroz que costaba $1.000 ahora cuesta $2.000, el kilo de harina se triplicó, el kilo de pan en algunas partes alcanza los $3.000. Y así, la vida en general cuesta más del doble para la mayoría de la población: las masas populares.

Sin embargo, al pueblo lo acusan de "alimentarse mal, de estar sobrepeso", pero lo condicionan a comer las sobras de los ricos. Los peores granos de trigo para el consumo de los sectores populares y los mejores productos para los dueños del país, sus seguidores y lacayos. Los alimentos que no califican para exportación se venden en ferias y calles del país para abastecer a las familias pobres, mientras que las mejores verduras y abarrotes se venden desde el JUMBO y TOTTUS para arriba. Las viejas pulperías ahora son una parte de los “modernos supermercados”, aquellos que se ubican en zonas populosas ¡La misma figura de hace 100 años! Los antiguos dueños de las mineras, industriales, banqueros, grandes comerciantes y los terratenientes locales, dueños y productores de alimentos y cadenas de supermercados, nos venden lo que producimos los millones de obreros y campesinos del país.

¡El comercio ambulante no es delito! Al comerciante ambulante lo acusan de evadir impuestos, pero al comprar sus mercancías (en el comercio establecido) indirectamente ellos si están pagando impuestos (los que incluye el precio de compra), y además, sus ganancias son destinadas a comprar sus medios de subsistencia, y ahí de nuevo pagan IVA. Entonces, los precios bajos de los productos que el ambulante vende, no es precisamente por “evasión tributaria”, sino porque no están pagando el alquiler de un espacio que cuente con servicios básicos ni infraestructura, quedando expuestos al frio, las lluvias, olas de calor o cualquier otra inclemencia.

Las autoridades acusan al comercio ambulante de “infringir normas sanitarias”, pero nada dicen de la precariedad del sistema de salud pública y de los altos costos de la salud privada ¿Eso no es delito? Matar pacientes en largas listas de espera, la escasez y alto costo de medicamentos, y no tener médicos para la salud pública en zonas rurales ¿No es delito? Mas encima, más enferma queda una persona yendo a un consultorio que consumiendo alimentos en los carros de comida que constantemente incautan en los mega operativos que cada tanto realiza este Estado (principalmente en la región metropolitana), demostrando que sirve más para defender los intereses de la Cámara Nacional de Comercio y sus grandes tiendas, que “el trabajo” (como discursean sus autoridades parasitarias).

Ya no les bastó con sus inspectores municipales, ahora legalizaron e implementaron más policía municipal, equipándola tal cuál la policía regular ¡Los nuevos matones del municipio! aumentando indirectamente el presupuesto a carabineros (mediante estas “empresas de terceros").

Y ahora se viene una nueva alza de las tarifas eléctricas, de combustibles, de transporte, de alimentos. y esa crisis al final la terminamos pagando las familias más pobres del país con trabajo explotado, con impuestos y con cotizaciones obligatorias. Frente a todos estos abusos, frente a toda esa opresión no puede postergarse más la forja de organizaciones clasistas en todos los sectores, en campamentos, poblaciones, trabajos, zonas rurales, escuelas, liceos y universidades.

¡Ni las tomas de terreno, ni el comercio ambulante son delitos mientras exista cesantía, déficit habitacional y carestía!

¡Este podrido Estado no es del pueblo!

¡Defendámonos de las arremetidas del gobierno lacayo de los grandes empresarios forjando organizaciones clasistas en todos los sectores!

¿Qué tenemos? ¡Nada! ¿Qué queremos? ¡TODO!

¡A forjar Comités Clasistas de Pobladores, Trabajadores y Campesinos!

Julio, 2024

 

Boletín: Por un movimiento clasista de pobladores

¡Abajo el negociado de la vivienda básica! 

¡Abajo la burocracia del Ministerio de Desarrollo social y del SERVIU!

¡A organizar Comités clasistas de pobladores para conquistar la vivienda propia!

¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de las viviendas sociales?

Instituciones de la burocracia estatal encargadas de manejar el presupuesto para las inversiones inmobiliarias:

*Se considera vivienda social aquella que su costo no supera las $400 UF ($14.800.000.-) y de $520 UF en caso de ser en condominio. $19.240.000 y solo pueden postular a ella quienes estén dentro del 40% más pobre, no poseer otra vivienda, no ser beneficiario de otro subsidio habitacional, y tener un ahorro de al menos $10 UF. Fuente: Decreto Ley nº2.552 de 1979.

*Para la clase media el subsidio para la primera vivienda o vivienda básica va desde un 10 a un 30% del valor de la vivienda. La diferencia se paga a través de un crédito hipotecario.

Según el CENSO 2017, en el país existen 6.500.000 de hogares. Según un informe anual de la Cámara chilena de la construcción existe un déficit habitacional de 1.000.000 de viviendas. Desglosados de la siguiente forma: a) Allegados 64%, b) Viviendas irreparables 36%. A esto hay que agregar la cantidad de personas que se encuentran actualmente arrendando, los que son parte de ese déficit.

El actual gobierno reaccionario Boric, prometió que en su mandato esperan construir 240.000 viviendas, de las cuales hasta la fecha apenas llevan 60.000 según sus cifras entregadas en la cuenta pública del año pasado, lo cual no cubre ni el 6% del déficit del país. Si ahora le sumamos las crecientes cifras producto de los incendios forestales ocurridos el verano, veremos que a pesar de que es uno de los grandes negociados del país, su política es despreciable en cuanto al rendimiento que significa para la demanda real de los sectores populares.

¡DEFENDER LAS TOMAS DE TERRENOS Y LOS CAMPAMENTOS!

¡ABAJO LA BUROCRACIA DEL SERVIU Y LA MANIPULADA ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL!

¡LA VIVIENDA NO ES UN PRIVILEGIO NI UNA LIMOSNA!

¡LAS TOMAS Y CAMPAMENTOS SON UNA RESPUESTA AL MONOPOLIO DE LA VIVIENDA QUE GENERA EL ESTADO TERRATENIENTE-BURGUÉS JUNTO CON LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS INMOBILIARIAS!

Hoy en día para postular a una vivienda básica se exige como requisitos tener una cuenta de ahorro para la vivienda, tener un monto mínimo ahorrado según sea el tipo de subsidio y proyecto habitacional (y antigüedad de ahorro), partiendo de un mínimo de $500.000 (unos $530 USD), tener al día su ficha social (registro de hogares), estar dentro del 60% más “vulnerable”, pertenecer a un comité para la vivienda (personalidad jurídica), que el comité sea viable para algún proyecto inmobiliario (volumen), que la directiva del comité tenga simpatía con las autoridades de turno, que el comité sea apadrinado por una EP (entidad patrocinante, las que hacen de mediadoras entre los comités y el SERVIU) que por lo demás también depende de sus "contactos en el SERVIU". De ese modo el Ministerio de la Vivienda hace su catastro e inventario del mercado habitacional, luego les entrega esa información a las grandes empresas de la construcción y luego negocian con las autoridades de turno para ver donde es más rentable desarrollar la inversión y dónde existe menor regulación o fiscalización.

Pero, ¿Quiénes son actualmente los “más vulnerables” en Chile?  El salario mínimo es de $460.000 (USD $468), una persona soltera o independiente, mayor de 18 años que recibe ese salario califica según los deciles del RSH en el octavo decil, lo que sería el 80% ($412.913 a $555.965.-), por lo tanto, está lejos del 60% más vulnerable, lejísimo de la “Línea de la pobreza” ($230.000.-) y, por lo tanto, lejos de las “ayudas sociales” como el postular a una “vivienda básica”, Pues para ello hay que tener un ingreso menor a los $324.984 mensuales (tramo 6) ¡UN ABSURDO! Tan absurdo como creer que una persona se alimenta con $69.000.- mensuales (CBA – Canasta Básica de Alimentos), es decir con $2.300 diarios ¡Si solo el kilo de pan cuesta más de $2.500! Y es inviable vivir con esa miseria, pues solo en alquiler y servicios básicos se va todo ese dinero, pues hoy los arriendos no bajan de los $200.000 mensuales, más los gastos básicos de luz, agua, gas, telefonía y transporte. 

Ese costo de la vivienda, de los arriendos, de los servicios básicos (luz, agua y gas), de los alimentos, del vestuario, es lo que empujan a miles de familias a vivir en tomas y campamentos (asentamientos irregulares o precarios, como dicen los informes de los empresarios de la pobreza). Hoy en día, según el registro de la Fundación Techo para Chile (TECHO) existen en el país más de 113.887 familias viviendo en esa situación (ver tabla), pero para ciertas empresas y ciertas autoridades (alcaldes, gobernadores regionales, diputados, senadores e incluso el presidente) es un problema que hay que erradicar con la excusa de que son focos de delincuencia, cuna del narcotráfico, base del comercio informal, etc. 

Ahí tenemos a la alcaldesa de Cerrillos (región metropolitana), Lorena Facuse quien con la excusa de algunos delitos en los alrededores del campamento Nuevo Amanecer quiere justificar su total erradicación, siendo que nunca han erradicado vecinos de ninguna población porque haya habido un delito o crimen. en el sector. Cuántos homicidios diarios ocurren en el país y no por eso están constantemente vaciando poblaciones o demoliendo casas. 

No se puede negar que existen problemas al interior de las tomas, pero no por una minoría desclasada y parasitaria se van a desalojar a cientos de familias trabajadoras, como hoy en día está ocurriendo en varias regiones del país. No por unos cuantos inescrupulosos que trafican terrenos se va a prohibir la solución que ejerce el pueblo para enfrentar la carestía y resolver el problema de la vivienda. Las tomas y campamentos no han sido creados por el narcotráfico ni el crimen organizado como dicen algunas autoridades. Esas mafias se están aprovechando de las tomas para ocultarse y hacer sus negociados, pero no por ellos se va a botar a cientos de familias ¡Eso es generar más pobreza, más hambre y más miseria para el pueblo! 

 ¡ABAJO LA MAL LLAMADA LEY DE USURPACIONES!

¡REPUDIAR A LAS AUTORIDADES HAMBREADORAS QUE GENERAN MAYOR POBREZA DEJANDO EN LA CALLE A MILES DE FAMILIAS TRABAJADORAS!

¡ABAJO EL NEGOCIADO INMOBILIARIO!

¡DESARROLLAR MAS TOMAS Y CAMPAMENTOS!

Situación de los campamentos según el catastro realizado por TECHO (2022-2023):

Casos críticos:

Campamento Manuel Bustos, de la comuna de Viña del Mar. El año 2021 ya eran poco más de 1.600 familias. De las cuales 600 casas fueron quemadas por el incendio de este verano.

Viernes 22 de marzo de 2024. Corte suprema ratificó desalojo de campamento en cerro La Virgen, de San Antonio. Población aprox.: 1.800 familias. Superficie 260 hectáreas, propiedad de una empresa constructora.

Campamento dignidad de la comuna de La Florida, con cerca de 750 familias. Hoy se encontrará en desalojo inminente, ya que el alcalde Rodolfo Carter decretó su desalojo el 14 de marzo de este año.

Campamento Nuevo Amanecer de la comuna de Cerrillos (alcaldesa Lorena Facuse), con cerca de 14.000 habitantes, hoy en la mira de autoridades y medios de comunicación.

21 de febrero de 2024, desalojo de Campamento Renacer, de la comuna de Concepción. 31 viviendas desarmadas, 100 personas desalojadas, 21 detenidos. Resultó siendo desalojado por las constantes denuncias de los vecinos hacia las familias de la toma.

Campamento 21 de Mayo, comuna de Colina (Región Metropolitana). Con alrededor de 2.200 familias, de las cuales ya fueron desalojadas 122 el 9 de enero del 2024 y pretenden continuar desalojándolo mediante denuncias de los vecinos de los condominios colindantes quienes acusan un supuesto peligro.

5 de abril de 2023, desalojo del campamento ubicado en sector Alto Costa Laguna, Antofagasta. Terreno es propiedad de Bienes Nacionales y fueron recuperados 7.199 metros cuadrados de toma.

*Desde marzo de 2022 hasta el 7 de septiembre de 2023 fueron 65 tomas desalojadas a nivel nacional, con un total de 436,7 hectáreas de terrenos fiscales recuperados.

**El incendio de Viña del Mar destruyó poco más de 8.000 viviendas. Se catastraron 135 personas fallecidas.

***Una de las fundaciones que desde el terremoto del 2010 se ha encargado de mediar en la entrega de mediaguas (viviendas prefabricadas de material ligero), es "Desafío Levantemos Chile", cuyos patrocinantes son CMPC (de la familia Matte) y Banco de Chile (de la familia Luksic).

¡ENFRENTAR LOS DESALOJOS DE TOMAS Y CAMPAMENTOS! ¡ABAJO LA LEY DE USURPACIONES!

¡Las tomas de terreno son legítimas ante un Estado que no resuelve el problema de la vivienda ni el problema de la tierra!

Cada año aumenta el costo de vida, de los arriendos de viviendas y de los materiales de construcción, pierde valor la moneda nacional (inflación de precios), el déficit habitacional aumenta y con ello el hacinamiento en los hogares, sobre todo en los mas pobres. Sin embargo, el gobierno de turno, tal como todos los anteriores, como buenos títeres de las clases explotadoras, prefieren utilizar la política del garrote a la vieja usanza y van desalojando tomas con sus policías estatales y municipales. Solo cuando les conviene utilizan su fachada de “caridad y empatía con los pobres”, como hacen con la fundación TECHO (de la iglesia católica) o la fundación “Levantemos Chile” (de la CMPC-Banco de Chile).

El desalojo de la toma Renacer el pasado 21 de Febrero (Población Juan Riquelme, en Concepción) a través de la nueva “Ley de Usurpaciones” (ley 21.633, que modifica el Código Penal en cuanto a las penas para las tomas de tierras) muestra una vez más que este Estado no garantiza ni resuelve el problema de la vivienda, sino que empeora las condiciones de vida para las familias de una toma, pues si bien el terreno pertenece al Ministerio de Obras Públicas (propiedad estatal o fiscal), aun así, las autoridades no permitieron que las familias se quedaran en el lugar, ni les dieron una solución habitacional antes de desalojarlos ¡Eso es tirar gente a la calle!

Como lo anunciaba la ley, esta vez si habrían detenidos en los desalojos, formalizados veintiún detenidos por el “delito de usurpación”, cosa que antes ocurría pero informalmente (pasando a detención pero por maltrato de obra a algún funcionario público, ya sea municipal o policial).

El uso habitacional de las tierras fiscales es un derecho que se supone debería tener todo ciudadano de un Estado “moderno” o “demoliberal” (democracia burguesa) para resolver el problema de la vivienda ante un Estado que no responde a la demanda real de esa necesidad (principalmente para el proletariado y el campesinado pobre del país). Pero como todo Estado es instrumento de dictadura, en este caso el Estado reaccionario de las clases explotadoras (gran burguesía y terratenientes comandados por el imperialismo principalmente norteamericano) resguarda los intereses de las clases que lo componen, pues estas clases son las propietarias de los medios de producción del país: de la gran propiedad de tierras “públicas” y privadas (bienes nacionales para el caso de las tierras fiscales y por otro lado los dueños particulares), de la mano de obra o fuerza de trabajo (trabajadores dependientes regidos por el código del trabajo y el salario mínimo), de los recursos naturales (minerales, derechos extractivos de pesca y de uso de aguas), de las grandes constructoras e inmobiliarias, de las forestales, entre otros.

Como se ve, todos los problemas que afectan a la mayoría de la población del país, a la masa empobrecida por los intereses de una minoría monopolista, tienen la misma raíz, las clases que las oprimen y explotan con su Estado terrateniente-burgués y las leyes que rigen las relaciones productivas (o laborales). Por lo tanto, lo que corresponde hacer frente a la reajustada ley de propiedad de la tierra (“ley de usurpaciones”) es oponerle mas tomas de tierras para el campesinado principalmente pobre y tomas de terrenos para los trabajadores más empobrecidos de la ciudad. Para ello se requiere organización clasista y dirigentes honestos y consecuentes con los intereses del Pueblo, capaces de distinguir entre los intereses de uno y otro frente, ponerse de parte del frente democrático del pueblo, y oponerse al del frente reaccionario de los explotadores, para ejercer y concretar el verdadero derecho a la vivienda.

Esbozo del panorama actual en Chile.

Según un levantamiento de información hecho entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la fundación “TECHO para Chile” y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 2023 catastraron 1.290 campamentos, los cuales están habitados por 113.887 familias a lo largo de Chile.

Uno de los mas grandes del país es el campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar, formado en 1995, donde hoy viven alrededor de 1.600 familias repartidas en unos 23 comités de vivienda. En aquel asentamiento llevan poco mas de 26 años habitando el lugar, y hasta la fecha han avanzado en algunos sectores de la toma en la regularización de espacios (como mejoramiento de algunas “calles” y algunas “plazas”) y de servicios básicos como luz y agua.

 

Primer esbozo del Panorama actual en Temuco.

Actualmente en Temuco existen más de cuarenta campamentos distribuidos en diferentes sectores de la ciudad: Campamentos sector Costanera - Los Pinos (Santa Rosa), campamentos sector Vega de Chivilcan, Campamentos sector Pedro de Valdivia, Campamentos sector Fundo El Carmen (calle Braulio Arenas), Campamento sector Pichi-Cautín, Campamento sector Amanecer, Campamentos sector Pueblo Nuevo (Las Malteras).

El problema es que la “nueva” ley de usurpaciones amenaza con sacar a tres de estos que están ubicados en terrenos que son de particulares, ya que en ella se permite permanecer de manera “transitoria” a quienes se encuentren en dicho tipo de propiedad.

Problema actual.

Pero como las “mentadas” autoridades que tenemos ni siquiera respetan su palabra ya hay desalojo inminente en el campamento Centenario que está en la región de Valparaíso, específicamente en el Cerro La virgen, donde serán desalojadas alrededor de 5.000 familias de las 15.000 que viven en el lugar por encontrarse en un terreno de privados.

1er Borrador situación judicial comuneros presos en las cárceles.

 

comunero	Cargos imputados ("hechos")	Juicio	Veredicto / Sentencia
Nelson Queupil Soto	Homicidio frustrado contra 3 carabineros.  Acusado de participar en un atentado el día 8 de diciembre de 2021 contra tres carabineros que daban protección a fundo “La Victoria”, comuna de Máfil.	Detención: 27 de julio de 2022 en allanamiento a la comunidad Huemal Curín Autónoma, de la comuna de Máfil.   27 de abril de 2023: Fiscalía declara cerrada la investigación   13 de julio de 2023: comienza preparación de juicio oral, la cual se aplaza hasta el 24 del mismo mes por petición del abogado defensor Jorge Guzmán.	Veredicto (19/12/2023): Condenatorio (culpable).   Sentencia: 10 años (7 años de presidio mayor en su grado mínimo y 3 de presidio menor en su grado máximo).
Luis Tranamil Nahuel	Homicidio a carabinero cabo 2do Eugenio Naín. Homicidio frustrado a carabinero en servicio (comandante Cristián Fernández Opazo). Homicidio simple frustrado a camionero. Puerta ilegal del arma de fuego.   Todo el día 30 de octubre de 2020 durante un enfrentamiento entre carabineros y encapuchados en Ruta 5 sur (km 682), sector Metrenco, comuna de Padre Las Casas.	Detención: 20 de marzo de 2021   17 de octubre de 2023: Comienza preparación de juicio oral.	Veredicto (5/12/2023): Condenatorio.   Sentencia: (19/12/2023): 32 años de cárcel.   Culpable en calidad de coautor de homicidio consumado, con una pena de 17 años. 10 años por homicidio frustrado de carabinero en servicio y 5 años por homicidio frustrado en contra de un camionero que circulaba por la carretera.  Durante el juicio también se dictó coautoría para Francisco Painevilo Maldonado y Carlos Cancino Tapia (prófugos).

Caso Freddy Marileo (comunidad Boyen Mapu, comuna de Ercilla).
Cargas imputadas	aprisionamiento	Hechos/antecedentes	resultado
Doble homicidio, puerta ilegal de arma de fuego, puerta ilegal de municiones y recepción.	5 de febrero de 2019.   Durante la audiencia de control de detención (6 de febrero) se descartó la legítima defensa.   17 de julio de 2022 comienza la audiencia de juicio oral.   (3 años y 5 meses de prisión preventiva).	El comunero es atacado en su domicilio por al menos tres personas armadas, pero no se acepta la legítima defensa.	Lugar del juicio: Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Angol.   Veredicto: Condenatorio.   Sentencia: 15 años y un día de presidio efectivo (4 de julio de 2022 se lee la sentencia).   El defensor presentó un recurso de nulidad el cual fue negado por la Corte de Apelaciones de Temuco.
Caso Luis Marileo y Patricio González.
Cargas imputadas	aprisionamiento	Hechos/antecedentes	resultado
Doble homicidio.	No hubo prisión preventiva para el ex sargento.	Ambos jóvenes asesinados por el carabinero en retiro Ignacio Domingo Gallegos Pereira (ex sargento) en el Fundo El Encino (comuna de Los Sauces).   Fecha: 10 de junio de 2017.   Inicia el juicio el 19 de agosto de 2019, tras petición de la fiscalía de cerrar la investigación.	El tribunal declaró legítima defensa ante un supuesto intento de robo.
Caso Francisco Martínez Romero (malabarista en Panguipulli).
Homicidio sencillo.	No hubo prisión preventiva. Só una querella por Homicidio calificado, pero el Juez Felipe Muñoz (de Panguipulli) la desestimó.	El 5 de febrero de 2021. Sargento de carabineros Juan Guillermo González Iturriaga termina un control de identidad baleando y dando muerte a malabarista.   El funcionario percuta 6 tiros, de los cuales tres dan en las piernas y el último al tórax.	Legítima defensa para el sargento.

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