En lo que va del
año cerca de 500 familias desalojadas (cerca de 200 el pasado 16 de mayo en
Cerro Navia, 100 personas desalojadas en el campamento Juan Riquelme de la
comuna de Concepción, 15 familias del campamento “Las Mulatas”, de Valdivia). A
eso se suman 700 familias que están a horas de ser desalojadas del campamento
Dignidad en La Florida, cerca de 6.000 familias del campamento en el cerro La
Virgen de San Antonio que están a un par de meses del desalojo. Tampoco se
puede despreciar los incendios en las tomas, como el ocurrido en el campamento
"Manuel Bustos" de Viña del Mar, donde unas 600 casas resultaron
quemadas, y el campamento “Mujeres Unidas” de Antofagasta, donde 20 familias
quedaron sin hogar producto de otro incendio.
Frente a esto el
MINVU, el SERVIU y las autoridades locales hacen vista gorda, esperando que se
cumplan los plazos de las 50 órdenes de desalojo pendientes en diferentes
campamentos del país (según reportaje de CIPER Chile, del 4 de junio de 2024).
¿Quiénes ganan con esto? Las grandes empresas inmobiliarias que lucran con la
vivienda básica, los corredores de propiedades, los dueños de terrenos (bienes
nacionales y terratenientes) y los bancos con sus créditos hipotecarios. ¡No se
pueden seguir permitiendo desalojos, menos aún, cuando los precios de los
alquileres de casas y departamentos se han ido a las nubes, y con un Estado que
esconde el negociado de la construcción de viviendas básicas bajo el rótulo de
“soluciones habitacionales”!
¡La situación
empeora y el salario no alcanza! Desde el 1 de septiembre de 2023 el salario
mínimo llegó a $460.000 y el 1 de julio de 2024 a $500.000, es decir, aumentó
un 8,7%, siendo que el costo de vida solo en los alimentos aumentó un 100%.
Fideos de 400gr que el 2023 costaban $500 ahora cuestan $1.000, un kilo de
arroz que costaba $1.000 ahora cuesta $2.000, el kilo de harina se triplicó, el
kilo de pan en algunas partes alcanza los $3.000. Y así, la vida en general
cuesta más del doble para la mayoría de la población: las masas populares.
Sin embargo, al
pueblo lo acusan de "alimentarse mal, de estar sobrepeso", pero lo
condicionan a comer las sobras de los ricos. Los peores granos de trigo para el
consumo de los sectores populares y los mejores productos para los dueños del
país, sus seguidores y lacayos. Los alimentos que no califican para exportación
se venden en ferias y calles del país para abastecer a las familias pobres,
mientras que las mejores verduras y abarrotes se venden desde el JUMBO y TOTTUS
para arriba. Las viejas pulperías ahora son una parte de los “modernos
supermercados”, aquellos que se ubican en zonas populosas ¡La misma figura de
hace 100 años! Los antiguos dueños de las mineras, industriales, banqueros,
grandes comerciantes y los terratenientes locales, dueños y productores de
alimentos y cadenas de supermercados, nos venden lo que producimos los millones
de obreros y campesinos del país.
¡El comercio
ambulante no es delito! Al comerciante ambulante lo acusan de evadir impuestos,
pero al comprar sus mercancías (en el comercio establecido) indirectamente
ellos si están pagando impuestos (los que incluye el precio de compra), y
además, sus ganancias son destinadas a comprar sus medios de subsistencia, y
ahí de nuevo pagan IVA. Entonces, los precios bajos de los productos que el
ambulante vende, no es precisamente por “evasión tributaria”, sino porque no
están pagando el alquiler de un espacio que cuente con servicios básicos ni
infraestructura, quedando expuestos al frio, las lluvias, olas de calor o
cualquier otra inclemencia.
Las autoridades
acusan al comercio ambulante de “infringir normas sanitarias”, pero nada dicen
de la precariedad del sistema de salud pública y de los altos costos de la
salud privada ¿Eso no es delito? Matar pacientes en largas listas de espera, la
escasez y alto costo de medicamentos, y no tener médicos para la salud pública
en zonas rurales ¿No es delito? Mas encima, más enferma queda una persona yendo
a un consultorio que consumiendo alimentos en los carros de comida que
constantemente incautan en los mega operativos que cada tanto realiza este
Estado (principalmente en la región metropolitana), demostrando que sirve más
para defender los intereses de la Cámara Nacional de Comercio y sus grandes
tiendas, que “el trabajo” (como discursean sus autoridades parasitarias).
Ya no les bastó
con sus inspectores municipales, ahora legalizaron e implementaron más policía
municipal, equipándola tal cuál la policía regular ¡Los nuevos matones del
municipio! aumentando indirectamente el presupuesto a carabineros (mediante
estas “empresas de terceros").
Y ahora se viene
una nueva alza de las tarifas eléctricas, de combustibles, de transporte, de
alimentos. y esa crisis al final la terminamos pagando las familias más pobres
del país con trabajo explotado, con impuestos y con cotizaciones obligatorias.
Frente a todos estos abusos, frente a toda esa opresión no puede postergarse
más la forja de organizaciones clasistas en todos los sectores, en campamentos,
poblaciones, trabajos, zonas rurales, escuelas, liceos y universidades.
¡Ni las tomas de
terreno, ni el comercio ambulante son delitos mientras exista cesantía, déficit
habitacional y carestía!
¡Este podrido
Estado no es del pueblo!
¡Defendámonos de
las arremetidas del gobierno lacayo de los grandes empresarios forjando
organizaciones clasistas en todos los sectores!
¿Qué tenemos?
¡Nada! ¿Qué queremos? ¡TODO!
¡A forjar Comités
Clasistas de Pobladores, Trabajadores y Campesinos!
